Funes, Zablah, Álvaro y columna

Esta semana hay temas interesantes en Centroamérica 21, como un análisis editorial acerca de la posible candidatura presidencial de Mauricio Funes por el FMLN, que según parece se confrontará --al menos-- con la de Arturo Zablah. El análisis pone a Funes prácticamente fuera de juego, y creo que tiene su lógica; de eso hablaré después en un artículo.
Zablah, ex ministro con Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol, entre otras cosas, puso su propia candidatura en el tapete, aunque aun sin partido, según han reportado varios medios. El objetivo de la candidatura sería el FMLN, y El faro habla en su número de esta semana de un intento de que la izquierda institucionalizada cambie el discurso y el modelo que planteará en 2009. Lo curioso --casi dieciséis años de actividad política abierta lo convierten en una curiosidad-- es que el FMLN parece abierto a la discusión.
No sé qué tantos frutos darán las pláticas, pero de que es necesario un cambio, es necesario. Lo interesante es que, si ocurre, me darán chance de ser de izquierda nuevamente: lo que están planteando es lo que he venido diciendo en este blog y en mis columnas desde hace mucho rato, y por lo que me han acusado de cosas bien feas. Y hay que ver --como decía en la columna de la semana pasada-- cómo se arreglará el FMLN con los partidos y personajes políticos a los que ha atacado, herido y a veces casi destruido. Hará falta mucha flexibilidad y, sobre todo, un interesante reparto de cotas de poder en la posible alianza, en un posible plan de gobierno y en el gobierno mismo. Creo que es por este lado por donde puede haber serias dificultades; a veces el orgullo puede valer más que la posibilidad de lograr algo bueno.
Junto con la nota acerca de Funes, viene un editorial de Geovani Galeas que vale la pena considerar.
Hay asimismo una nota de Ricardo Lindo acerca de Álvaro Menen Desleal, quien sigue siendo el único clásico vivo de El Salvador, siete años después de su muerte. Es la segunda de una serie de diez que Ricardo escribirá sobre escritores salvadoreños a los que conoció. Menciona el asunto del "plagio" de Álvaro a Jorge Luis Borges, y da su versión del tema. Hay otra que escribí y publiqué, y puede encontrarse aquí. Allí viene una carta de Jorge Luis Borges acerca del tema.
En fin, voy a comer algo. Pongo mi columna, como casi todos los lunes, que puede hallarse en este link. Ah: recomiendo una respuesta de Lafitte Fernández a alguien que lo criticó por sus opiniones acerca de cómo se hace periodismo. Si de algo sabe Lafitte, es de eso.

Autoritarismo y combate al crimen

Rafael Menjívar Ochoa

Las instituciones pueden crearse por decreto, pero eso no les da vida. Aunque estén formadas por estructuras preexistentes, y así se tenga un excelente plan en las manos, se tardará años en lograr que la maquinaria se mueva ya no de manera efectiva, sino siquiera constante.
La Policía Nacional Civil (PNC) nació el 1 de febrero de 1993 como parte fundamental de los Acuerdos de Paz firmados un año antes. Casi quince años después parece estar en medio de una crisis basada –evidentemente– en sus carencias más que en sus logros. A asuntos generales, como las deficiencias –que también atañen a la Fiscalía– en la integración de casos criminales, debido a las cuales muchos delitos quedan impunes, se suman serios problemas específicos, como la reciente acusación de que existen grupos de exterminio dedicados a la “limpieza social” formados por policías.
No es la primera vez, y no será la última, en que miembros de un cuerpo policial se ven involucrados en actos delictivos; hace apenas algunos años fueron descubiertos y desmontados grupos ligados con el crimen organizado que se dedicaban a asaltos y secuestros. No es que sea “natural” que esto ocurra, sino que en todo organismo con estructuras con un margen de manejo discrecional del poder es posible que se inserten elementos y estructuras criminales.
Por la lógica misma de la institución, se presupone que los agentes y funcionarios actúan de buena fe, y que los objetivos de los individuos son los de aquélla. En la vida real a veces se generan grandes redes de corrupción que comienzan en los niveles más altos, y pueden convertir a un país completo en rehén de quienes deberían protegerlo.
No parece ser el caso de la PNC, y en todo caso hay por lo menos tres aspectos que deben tomarse en cuenta: si sus problemas son generalizados; si se deben a un proceso de corrupción o de inexperiencia, y si existen mecanismos constantes, oficiales e independientes, para fiscalizar el quehacer policial.
De seguro se encontrará de todo, y su lectura puede depender de factores técnicos o de consideraciones políticas. Los primeros deberían ir en beneficio de la institución; las segundas podrían caer en una descalificación del cuerpo y en la ruptura de un proceso de consolidación que aún no ha concluido.
Quizá haya que poner a la PNC en perspectiva para comprender en parte los problemas de ineficacia que se le atribuyen, muchos de ellos ciertos, que, como se dijo, comparte con la Fiscalía, y también con organismos del Poder Judicial.
Las instituciones policiales a las que sustituyó la PNC (la Policía Nacional, la Policía de Hacienda y, en cierta medida, la Guardia Nacional) eran parte de una estructura en la que la figura principal era el Ejército. Se trataba de cuerpos militares, dependientes de un mando vertical y único. El objetivo de todos ellos no era el mantenimiento del orden público, sino de un cierto orden político, y se ligaba el combate a la criminalidad con la seguridad del estado. Sin estirar mucho la cuerda, la disidencia entraba en el mismo saco que la defensa de la soberanía, dos conceptos harto diferentes, y la investigación de los delitos se confundía fácilmente –si había confusión– con labores de inteligencia política.
Así como no había una separación clara entre los objetivos de los cuerpos de seguridad, y luego de tantos años de gobiernos verticales –como lo son los de carácter militar–, tampoco había una definición entre los poderes del estado.
De manera esquemática, la impartición de justicia podía determinarse de antemano: alguien era acusado, había presentación de pruebas –a veces más un trámite que una necesidad–, el juez condenaba, el preso cumplía la sentencia. La falta de profesionalización se suplía con autoritarismo.
Ahora, jugar al juego democrático no sólo significa la aceptación de otras ideologías, libertad de expresión y libertad de manifestación; también es fundamental el derecho a un proceso judicial adecuado, el “debido proceso”. Los órganos encargados de proporcionar justicia no heredaron mucho de sus antecesores, y han debido aprender en los últimos quince años a jugar con unas reglas que no existían.
Hay algo que no debe olvidarse: originalmente, una alta proporción de los integrantes de la PNC eran ex combatientes y cuadros del FMLN, que en esos momentos provenían de una verticalidad tan acentuada, o más, que las estructuras preexistentes.